Los militares policías

 

Uno de los artículos de la constitución cuya reforma propone el presidente es el 328. Es una disposición correspondiente a los administradores de la violencia del Estado. Allí se describe, además del cambio de nombre de la fuerza armada de nacional a bolivariana, una concepción policial del componente castrense.

En efecto, la indicada norma manifiesta la inclusión de los uniformados en el mantenimiento de la seguridad ciudadana y la conservación del orden interno como parte de la nueva doctrina militar. De la misma manera, sus atribuciones se amplían al ámbito de la policía administrativa y a las investigaciones penales.La tendencia hasta ahora había sido que los militares sólo intervenían en la conservación del orden público cuando eran rebasados los organismos policiales. Ese fue el caso de la insurrección popular del 27 de febrero de 1989 cuando el alzamiento contra la globalización fue incontenible y el ejército intervino de una manera severa para sofocarla.

Entender al componente armado como una formación de gendarmería fue el desiderátum del Departamento de Estado para los militares latinoamericanos. El paradigma fue el caso costarricense al terminar el conflicto interno de 1948, quedando una guardia civil como única fuerza nacional con armamentos porque la defensa internacional la garantizaba Washington en una suerte de protectorado.

Sin embargo, salvo contadas excepciones, las formaciones castrenses de la región han cumplido más el rol de garante de la gobernabilidad que la defensa de la soberanía. Además, al término de la guerra fría y la entrada en vigencia de la tercera globalización conocida por la humanidad se reforzó más aún este concepto de responsabilizar a los organismos castrenses el rol de contrainsurgencia y de combate contra el tráfico de drogas.Es interesante acotar que el ejército venezolano ha venido actuando de hecho como órgano de mantenimiento del orden interno como lo demuestra el caso de Paragua en Bolívar y el de Llano Alto en el estado Apure, notoriamente conocidos. Ahora se recoge en un texto constitucional una situación acaecida fácticamente.

Otra consideración a tener en cuenta es la insistencia oficial en una guerra asimétrica ante una hipotética invasión americana. Haciendo abstracción de ser un supuesto negado tal presunción, con la incorporación de los uniformados a funciones represivas se da un palmario mentís a cualquier guerra de resistencia.

Estimo muy grave esta extensión de atribuciones de la fuerza armada porque le otorga más control y poder sobre toda la sociedad venezolana. Es un paso más dentro del proceso de militarización de Venezuela en los términos contemporáneos. No reproduce el esquema agresivo de la época de la confrontación este-oeste cuando la actuación castrense se enmarcaba en una conducta genocida con las secuelas de torturados, desaparecidos y muertos.

Ahora estamos en presencia del neomilitarismo cuyo telos es idéntico al tradicional pero cumpliendo formalidades jurídicas para lograr sus cometidos de una manera expedita y con el menor costo posible. Para ello en este momento apela a una reforma constitucional con la aquiescencia complaciente de la Asamblea Nacional y la consulta al pueblo mediante un referendo votado en bloque para que con la atracción de una rebaja de la jornada de trabajo se aprueben modificaciones a la Carta Magna apta para una regresión histórica a la Venezuela de El Benemérito. 

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